Mentiras de la medicina (I): De la libre competencia y las aseguradoras

13.10.2020

Por el Dr. Ignacio Guerrero - Presidente de UNIPROMEL


El artículo 14 de la ley "Ómnibus" (Ley 25/2009) estableció que los Colegios Profesionales y sus organizaciones no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales. Esta prohibición afecta a todas las profesiones llamadas liberales y pretende preservar la libre competencia. Y léase que no se prohíbe sólo la imposición de baremos mínimos obligatorios, sino siquiera publicar baremos orientadores.

A pesar de la creencia popular, ningún colegio contraviene esta ley desde su entrada en vigor sin exponerse a una importantísima sanción económica. Llama la atención que existe una normativa española que impide la venta de productos por debajo del coste de producción, pero esto no parece haberse considerado para los servicios profesionales. Todo sea por la libre competencia.

Por el contrario, vemos que la libre competencia no ha sido prioritaria para el legislador cuando se trata de poner coto a las grandes compañías de seguros de salud.

Muy probablemente, consideraríamos una limitación a la libre competencia que las aseguradoras de daños en los vehículos establecieran restricciones en los talleres a los que puede llevar su vehículo. Pero curiosamente no se ha considerado así que las aseguradoras de salud limiten el cuadro médico al que puede consultar el paciente. Un profesional médico no puede cobrar la asistencia de un asegurado salvo que dicha aseguradora haya admitido previamente al profesional. Esta admisión es la llamada "clave" médica.

Entendemos que la aseguradora puede establecer los precios de los actos médicos e incluso debería tener sus "peritos" para evitar fraudes, pero permitir limitar el cuadro médico por defecto, no parece muy en sintonía con la libre competencia. Si atendemos a la libre competencia, ¿no debería ser el paciente quien eligiese al médico a voluntad? Este modelo existe y funciona en muchos países europeos. Los médicos, acreditados por su colegio profesional, pueden asistir al paciente de cualquier aseguradora, y posteriormente facturan al precio ofrecido por la aseguradora.

Entendemos que existiría libre competencia si el paciente pudiese elegir el centro que le interese, comprometiéndose la aseguradora a abonar los precios prefijados en función del acto médico, independientemente de quién lo realiza. Serían entonces los pacientes los que acudirían a uno u otro centro en función de la calidad del servicio percibida. Eso es libre competencia.

Alguien podría argumentar que la aseguradora vela por la calidad del servicio médico prestado y selecciona su cuadro médico en consecuencia. Permítanme decir que es poco probable, por ser educado, que esto se produzca. Y tampoco es exigible porque no es su función, ni su cometido empresarial. La calidad debe ser buscada por los propios prestadores para mejorar su reputación y prestigio y con ello su empresa. Y la calidad debe ser garantizada por las autoridades sanitarias, la defensa del consumidor y los colegios profesionales de medicina y enfermería.

En un segundo lugar, es muy dudosamente legal, que la misma aseguradora sea la propietaria de los centros médicos y hospitales en que se realiza la asistencia sanitaria que ella asegura. Y aún más que se realice una derivación preferente de sus asegurados a sus centros, mediante la concesión de autorizaciones de forma preferencial e incluso exclusiva a los centros propios. Desde luego, es absolutamente contrario a la libre competencia. ¿Donde está el legislador y la jurisprudencia? Acaso aquí no entra en juego la libre competencia.

En tercer lugar, es llamativo que para la atención sanitaria pública prestada por proveedores privados a través de la mutualidades (MUFACE, MUJEJU o ISFAS) tampoco se haya exigido la libertad de elección de profesionales. Es más, se acepta que el listado de médicos disponibles para tratar al mutualista es más reducido que el del cliente privado. Desde el RICOMS entendemos que una mayor restricción de los profesionales que atienden a los mutualistas implica necesariamente una menor disponibilidad de medios y conocimiento a disposición de los pacientes mutualistas.

En cuarto lugar es llamativa la creciente eliminación de las claves de los profesionales y la creciente asignación de las claves a los centros hospitalarios en manos de grupos empresariales. Si el centro es el propietario de la clave (por tanto los clientes son del centro), y se tratan en las instalaciones del centro, ¿estamos ante casos claros de falsos autónomos? ¿Podrían los médicos con estas claves exigir el reconocimiento de una relación laboral como falso autónomo por vía judicial del centro para el que trabaja, con la indemnización o sanción que generaría?

Desde el Colegio de médicos observamos con preocupación la progresiva deshumanización del acto médico también en medicina privada. Los médicos son excluidos de los cuadros médicos de las compañías según criterios puramente económicos. En muchas ocasiones dicha exclusión se realiza con un frío burofax, sin absolutamente ninguna justificación científica, médica o técnica. ¿Dónde está el derecho del asegurado a mantener su médico? Si el precio del servicio está prefijado, ¿por qué tanta agresividad en la restricción de los cuadros médicos? Alguien podrá argumentar que el cliente siempre puede cambiar de compañía aseguradora, pero sabemos que los cambios de compañías provocan la pérdida de coberturas porque la patología crónica contraída previamente al cambio no se cubre o conlleva un importante aumento de los precios respecto de los que se disfrutarían en caso de permanencia en la misma. ¿O acaso la ley debería prohibir esto último?

Es evidente que la calidad de la sanidad pública va en ascenso, el esfuerzo de sus profesionales sanitarios es muy importante. Por el contrario, en sanidad privada por compañía aseguradora, la aportación económica para el profesional sanitario por acto médico es cada vez menor, lo cual no puede más que restar calidad a medio o plazo. ¿Será sostenible entonces el sector? ¿Seguirá siendo atractivo para el asegurado?